FESTIVAL DE CONTRATOS A DEDO DESPUÉS DEL TERREMOTO EN ROLDANILLO

Tras el sismo que destruyó al municipio de Roldanillo el pasado 10 de agosto, se disparó la contratación directa en la Alcaldía. En la actualidad hay una piñata de contratos por cerca de 400 millones, la mayoría a dedo, y para temas que no tienen una relación directa con la emergencia. 

La primera denuncia vino a través de las redes sociales. Después del terremoto del 10 de agosto, y de las brigadas de voluntarios que se organizaron para recoger solidariamente los escombros de las casas destruidas, la alcaldía de Roldanillo adjudicó un contrato por 200 millones de pesos para hacer lo mismo. Contrato que dejaba serias dudas pues no aclaraba las cantidades de escombros a recoger, ni los sectores; corriendo el riesgo de que el contratista pudiera cobrar por una labor que ya había hecho la comunidad desinteresadamente. 

Adicionalmente, Operador Logístico Ciudad Integral, el contratista escogido a dedo, es una empresa que se anuncia como vendedora de productos farmacéuticos, algo totalmente ajeno a recoger escombros, y en cuyo historial figura como antiguo representante legal uno de los hijos del actual alcalde de Roldanillo; lo que podría mostrar un marcado conflicto de intereses y posibles faltas a la contratación pública que pueden ser investigadas por las autoridades.

Posteriormente, y también con el pretexto del terremoto, la alcaldía ha firmado otro grupo importante de contratos, para pagar con recursos públicos servicios que no tienen un vínculo directo con la emergencia, o sobre los cuales no queda claro si deben ser la prioridad ahora mismo.

En estos tiempos todo el accionar público debería estar apostando por una reconstrucción rápida de la infraestructura del municipio. La cual se hará, como lo anunciaron las mismas autoridades, bajo la figura de autoconstrucción asistida; en donde la misma gente realiza labores de reparación de sus casas, pero con el acompañamiento técnico de los profesionales que la alcaldía y la gobernación garantice. 

Por tanto, era normal esperar entonces que la gran prioridad en la contratación pública fuera conseguir asesorías y consultorías de ingenieros, calculistas, arquitectos y urbanistas que pudieran acompañar a la comunidad en esa reconstrucción. 

Sin embargo, los contratos públicos que ha firmado la alcaldía parecen mostrar otras prioridades, a veces mucho más insólitas; dado que ha optado por contratar primero otros servicios que parecieran mucho menos importantes en esta emergencia. 

Como ejemplo de esto, se puede encontrar un contrato que la alcaldía publicó el 3 de septiembre de este año, para pagar unos servicios de asesoría y comunicación sobre temas de turismo y manejo de redes sociales.  Contrato que vale 27 millones de pesos, para traer un asesor que, según dice dicho documento: “diseñe una estrategia de comunicación institucional postcrisis, buscando la reactivación económica y la promoción del destino turístico”; además de que: “Elabore el protocolo de comunicación institucional para el manejo de la reputación del destino, campañas digitales y mensajes de mitigación del riesgo para agencias de viajes.”

Dicho de otra manera, la alcaldía se gasta 27 millones en pagarle a una persona para que publique en redes sociales cosas alusivas al turismo del municipio. Eso mientras se requieren recursos para traer profesionales de la construcción y el urbanismo que acompañen a la comunidad en volver a levantar sus casas.

Lo mismo ocurre con otro contrato, publicado el 10 de septiembre, en el cual el municipio se gasta 12 millones y medio de pesos para pagar los servicios de un asesor para que organice y recoja los archivos y documentos del edificio de la alcaldía que se desordenaron con el terremoto. 

Y dicho contrato se justifica, según sus estudios previos, en que esa labor no la pueden realizar los empleados de planta porque su carga de trabajo no lo permite. Según se dice en esos estudios previos, contratar estos servicios es urgente para atender la emergencia del terremoto pues con el sismo: “los documentos de la alcaldía fueron trasladados de manera provisional a lugar de acopio temporal, perdiendo su orden cronológico, su foliación y los criterios institucionales de archivo.”

Es inevitable preguntarse entonces qué criterios de urgencia maneja una alcaldía para gastar recursos públicos en medio de una emergencia como la que vive Roldanillo en la actualidad. Mientras la mayoría de la comunidad está concentrada en albergues, atención humanitaria para damnificados, y en buscar materiales y acompañamiento profesional para poder reconstruir sus viviendas y negocios, para la alcadía, en cambio, lo más urgente es contratar asesores de redes sociales y organizadores de archivos.

Pero quizás los contratos más polémicos y que más riñen con las prioridades a tener en medio de una crisis como la actual son dos suscritos recientemente. 

El primero de ellos es un contrato por 120 millones de pesos que la alcaldía contrata para vigilar otro contrato: el de la concesión que opera el tránsito del municipio. Por tanto, todos lo servicios de tránsito y transporte que en Roldanillo presta un privado, entre ellos la expedición de documentos e imposición de multas, ahora van a ser vigilados por otro privado al que la alcaldía le pagó para que haga interventoría. 

Como se ve, expedir licencias de conducción o imponer comparendos, poca o ninguna relación guarda con el terremoto del 10 de agosto. Sin embargo, en medio de la emergencia actual, la alcaldía ha decidido darle prioridad en el uso del dinero público, y opta por pagarle 120 millones a un privado, para que, según dicho contrato: “ejerza el control, vigilancia y seguimiento integral sobre el concesionario que opera el Organismo de Tránsito de Roldanillo. Su propósito es garantizar el estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales, legales y financieras.”

El último contrato provoca mucha más discusión; pues se trata de uno fruto de un convenio entre la alcaldía de Roldanillo y la C.V.C, para contratar a un privado que las ayude a cobrar el impuesto predial del municipio, recupere toda la cartera morosa de los que deban este impuesto, e incluso, persiga y embargue a las personas que se atrasen con este impuesto predial en lo que resta del año. 

Nuevamente, en tiempos en que la gente está enfocada en reconstruir sus propiedades destruidas por le terremoto, la alcaldía parece más preocupada en que no dejen de pagar el impuesto predial por esas propiedades, algunas de las cuales ya ni existen. Y para eso se gasta cerca de 30 millones de pesos en traer a un privado que venga y le ayude a cobrar y perseguir a los morosos que no paguen este impuesto predial en los meses que vienen. 

Y ese contrato se justifica en medio de la emergencia del terremoto pues, según se dice en sus estudios previos: “es de vital importancia que el municipio realice la correspondiente gestión de cobro a la cartera morosa por concepto de impuesto predial unificado y a su vez de la sobre tasa ambiental, con el fin de obtener ingresos por dichos conceptos.”

En dicho contrato también participa la CVC pues, como autoridad ambiental, también recibe un ingreso del pago del impuesto predial, por concepto de la llamada sobre tasa ambiental, valor que todos los contribuyentes pagan en su factura.

Si se suman entonces todos los contratos públicos adjudicados después del terremoto del 10 agosto, se tiene que actualmente la alcaldía ha gastado cerca de 400 millones de pesos, de recursos públicos, en contratar servicios, supuestamente urgentes y necesarias para la atención de esta emergencia. Servicios que se muestran lejos de ser los prioritarios y esperados  hoy día de cara a la reconstrucción del municipio, y a la atención de sus damnificados.

Las urgencias y prioridades para el alcalde entonces, dentro de este primer mes después del desastre, tuvieron que ver con ordenar el archivo documental después del terremoto, reactivar las redes sociales que promocionen el turismo y hasta cobrar el impuesto predial, esto por encima de contratar servicios para atender a las personas que se quedaron sin techo, o acompañar a quienes buscan reconstruir lo poco que quedó de sus propiedades.